ANTE EL LIMBO DE UNA CATÁSTROFE INSTITUCIONAL, LA SALIDA A LA CRISIS POLÍTICA ES UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE QUE CONTENGA UNA PROFUNDA REFORMA CONSTITUCIONAL
Por Alirio Gil *
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momento crítico que vive el país amerita que el pueblo venezolano haga valer el
protagonismo que le otorga la CRBV. La dialéctica ha dinamizado los
acontecimientos y las circunstancias políticas caracterizadas por una repetida
polarización entre la MUD y PSUV, que ya no ameritan un acuerdo parlamentario
para hacer una reforma constitucional
tal como la propusimos los independientes en la campaña electoral, pues no hay
otra fuerza distinta a las que fueron beneficiadas por el voto popular, y se
hace más evidente que la conflictividad entre poderes públicos no hará posible
el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la ejecución de las leyes que allí
sean aprobadas.
Pero esa inmensa cantidad de venezolanos
independientes, pero no neutrales, y esa masa de patriotas que votaron
desesperadamente por esos dos bloques políticos, es decir, toda la sociedad
venezolana deben asumir una posición activa y protagónica ante la falta de
voluntad, la desidia y el inescrupuloso
proceder de los diputados de la actual Asamblea Nacional.
La pasividad del venezolano contribuirá a
la hecatombe política del país, y solo la pro actividad y movilización de la
sociedad podrá detener el desastre
institucional de Venezuela.
Se hace urgente que los venezolanos exijan
la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, para superar las fallas
de la actual Constitución Nacional, que
ha permitido la continuidad y el incremento de la corrupción administrativa en
las instituciones públicas del país, siendo esta la causa la principal de la
actual crisis económica y social de Venezuela, y que ha desembocado en una política. No es un fenómeno nuevo en el país,
pues este mal ha sido arrastrado desde las dictaduras pasando por los 40 años
de los gobiernos puntofijistas.
Ante la gravedad de la situación política,
económica y social del país, un sector de independientes proponemos que en una
nueva Constitución Nacional se reduzca el período del ejercicio del Tribunal
Supremo de Justicia de 12 a 5 años, la reducción del período del Poder
Ejecutivo de 7 a 5 años, sin reelección,
la elección del TSJ, El CNE, el Fiscal General de la República, la
Contraloría General de la República, el Procurador General de la República y el
Defensor del Pueblo con el voto directo, secreto y universal, como hasta ahora
se hace con el Poder Ejecutivo y Legislativo.
El
proceso de elección de estas instancias se debe efectuar con la formación de un
nuevo Poder Público, pero permanentemente constituyente, a través de la
elección de un Consejo o Comité de Postulaciones que no tenga compromisos con
ningún partido político, electo por todos los sectores de la sociedad civil,
con representantes realmente independientes pero no neutrales, y que este
Comité de Postulaciones seleccione de su seno a un Consejo Electoral Provisorio
para planificar, organizar y ejecutar el proceso electoral para elegir con el
voto popular a todas las instancias ya citadas. Así se tendría la independencia
real de los poderes públicos y la participación protagónica de la sociedad
civil en el destino político, económico y social de la nación. La nueva
Constitución Nacional establecería la obligatoriedad de crear en su articulado
mecanismos para recuperar los aproximadamente 443 mil millones de dólares que
se sacaron del país en 56 años producto de la corrupción, 228 mil millones de
dólares en 40 años y 215 mil millones de dólares en 15 años. Así se formaron loas dos últimas
oligarquías en Venezuela.
Prioritario y coyuntural es la aplicación
de medidas económicas para que el venezolano salga del calvario al que lo ha
llevado la inmoralidad, y entre las medidas urgentes está la reasignación en la
venta de dólares al sector productivo, la devolución de empresas y fincas a sus
antiguos dueños, que para el momento de su expropiación eran productivas y que
fueron quebradas después de pasar a manos del estado venezolano, producto de la
corrupción y la ineficiencia.
Al
contrario, la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente es una solución
política no coyuntural, ni circunstancial ni transitoria. En el país se
necesita reinventar la democracia, y esta solución si es más duradera y más
permanente, pero también es necesario reformatear al venezolano en lo moral y
en lo ético. Esto pondría fin al conflicto, y así se renovarían las instituciones políticas del Estado
venezolano en sana paz. Si el PSUV y la MUD tienen sentido de sensatez y
patriotismo, aceptarían esta propuesta pensando en la paz, en la felicidad y
progreso de nuestro pueblo,
evolucionando y adecuando la institucionalidad democrática del país a
las nuevas exigencias nacionales.
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