José Camejo Suárez
Es digno de desconcierto observar el tratamiento que jurídicamente cuatro abogados, en nombre de la Iglesia Católica, le vienen dando al conflicto legal que ha surgido entre la Asociación Civil Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Rafael Arias Blanco” IUPMA y la presunta usurpación que ha sido objeto por parte de la Fundación Universitaria “Monseñor Rafael Arias Blanco”. A este respecto, los representantes judiciales de la mencionada Fundación, de manera sistemática, han emprendido una serie de DEMANDAS, tipo terrorismo judicial, contra algunos directivos de la Asociación Civil IUPMA y contra personas vinculadas a la Asociación, salvo mejor opinión, violando todos los preceptos constitucionales, violando la economía procesal, violando el DERECHO en toda su amplia extensión. Pareciera ser que su objetivo es defender lo indefendible.
Lo más extraño de todo este asunto es que casi todas las demandas reposan en EL JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Donde se ha evidenciado una aparente receptividad afable. A este respecto vale preguntar ¿Existe alguna relación íntima entre el grupo de abogados anodinos de esta Fundación y la juez suplente especial de este Tribunal? ¿Qué clase de sorteo se practica en los juzgados de distribución?
Estos sujetos, en nombre de la Iglesia Católica, han venido orquestando, en este Tribunal, de manera muy temeraria acusaciones carentes de legalidad, basadas en mentiras infames, con argumentos tabernarios alejados completamente del marco jurídico venezolano, que sólo pueden ser agraciados por decisiones amañadas, producto de privilegios particulares.
Ante este diluvio de demandas, mi exhortación es a litigar con la suficiente guarnición de la verdad. Debatir el problema como gente decente; con pruebas objetivas. Es bien sabido que en los tribunales de justicia siempre se impone el que posee las pruebas. Pues si no lo admiten así, también, los agraviados están dispuestos a reclamar sus derechos en el ámbito que corresponda. Pueden estar seguros que los tribunales penales se encargarán de este asunto y tanto estos abogados, como los responsables de la comisión del delito de presunta estafa continuada, llevada a cabo en el IUPMA, serán castigados con todo el peso de la ley, incluyendo a los presuntos jueces y funcionaros tarifados que han venido, sospechosamente, acogiendo sus viles peticiones en los juzgados de primera instancia.
Email: camejosuarez@hotmail.com
Es digno de desconcierto observar el tratamiento que jurídicamente cuatro abogados, en nombre de la Iglesia Católica, le vienen dando al conflicto legal que ha surgido entre la Asociación Civil Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Rafael Arias Blanco” IUPMA y la presunta usurpación que ha sido objeto por parte de la Fundación Universitaria “Monseñor Rafael Arias Blanco”. A este respecto, los representantes judiciales de la mencionada Fundación, de manera sistemática, han emprendido una serie de DEMANDAS, tipo terrorismo judicial, contra algunos directivos de la Asociación Civil IUPMA y contra personas vinculadas a la Asociación, salvo mejor opinión, violando todos los preceptos constitucionales, violando la economía procesal, violando el DERECHO en toda su amplia extensión. Pareciera ser que su objetivo es defender lo indefendible.
Lo más extraño de todo este asunto es que casi todas las demandas reposan en EL JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Donde se ha evidenciado una aparente receptividad afable. A este respecto vale preguntar ¿Existe alguna relación íntima entre el grupo de abogados anodinos de esta Fundación y la juez suplente especial de este Tribunal? ¿Qué clase de sorteo se practica en los juzgados de distribución?
Estos sujetos, en nombre de la Iglesia Católica, han venido orquestando, en este Tribunal, de manera muy temeraria acusaciones carentes de legalidad, basadas en mentiras infames, con argumentos tabernarios alejados completamente del marco jurídico venezolano, que sólo pueden ser agraciados por decisiones amañadas, producto de privilegios particulares.
Ante este diluvio de demandas, mi exhortación es a litigar con la suficiente guarnición de la verdad. Debatir el problema como gente decente; con pruebas objetivas. Es bien sabido que en los tribunales de justicia siempre se impone el que posee las pruebas. Pues si no lo admiten así, también, los agraviados están dispuestos a reclamar sus derechos en el ámbito que corresponda. Pueden estar seguros que los tribunales penales se encargarán de este asunto y tanto estos abogados, como los responsables de la comisión del delito de presunta estafa continuada, llevada a cabo en el IUPMA, serán castigados con todo el peso de la ley, incluyendo a los presuntos jueces y funcionaros tarifados que han venido, sospechosamente, acogiendo sus viles peticiones en los juzgados de primera instancia.
Email: camejosuarez@hotmail.com
Publicado en la Sección Actualidad de Aporrea el 09/07/2008
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