José Camejo Suárez
El Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Rafael Arias Blanco” fue creado mediante la protocolización de su acta constitutiva y estatutos el 28 de junio de 1978 en la Oficina Inmobiliaria del Tercer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 16, Tomo 3 adc, Protocolo 1º.
Cuando cumple tres décadas se encuentra en una situación digna de desconcierto nacional por cuanto viene siendo víctima de unos sujetos que actuando en nombre de la Iglesia Católica, al parecer, se revelan descaradamente usurpando las funciones de las autoridades legítimas del Instituto, puesto que usan el decreto 2.509 explícitamente autorizatorio que otorgó el Ejecutivo Nacional para su creación y funcionamiento el 27 de diciembre de 1977.
Todo esto, salvo mejor apreciación, completamente al margen de este marco jurídico, el 20 de diciembre de 2002, estos individuos liderizados por el Cardenal Antonio Velazco y mediante un acto ramplón, en complicidad con el Registrador de la Oficina de Registro del Segundo Circuito del Municipio Libertador protocolizaron una Fundación burlando la buena fe de los miembros de la Asociación para apoderarse del patrimonio del IUPMA y desde esa fecha vienen usando impunemente el nombre, el logo, el membrete, los sellos y el referido Decreto para conferir títulos académicos de manera ilegal.
En este sentido es nuestra obligación, actuando en nombre de la Asociación Civil Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Rafael Arias Blanco” IUPMA, exigir respeto al cumplimiento de las leyes. Los tribunales competentes, el Ministerio Público y el órgano rector de la educación superior deben abocarse para apegar sus decisiones al marco jurídico que rige la materia. La impunidad, la presunta condición maula de una institución educativa debe ser investigada celosamente, más aún cuando se trata de la delicada formación docente, donde debe prevalecer la moral, la ética, la responsabilidad y la solidaridad social como principios fundamentales de la educación venezolana. Valores pisoteados por el modelo mercantilista practicado por esta Fundación, muy contrario al modelo de carácter popular y humanista que siempre prevaleció en el comportamiento académico de los docentes del IUPMA.
Hasta la fecha los argumentos de un grupo de abogados que han asumido la defensa de la mencionada Fundación, se apoyan reiterativamente en la Iglesia Católica, sus argumentos son completamente falsos, no soportan el mínimo análisis. Se sostienen en mentiras ridículas que sólo podrían surtir efectos en autoridades tarifadas, pero estas actuaciones falaces tienen un techo muy bajo, la mentira es de estrecha trayectoria. Es obvio reconocer que la justicia divina y la justicia terrenal no pueden admitir que en su nombre se atropelle a otros.
El Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Rafael Arias Blanco” fue creado mediante la protocolización de su acta constitutiva y estatutos el 28 de junio de 1978 en la Oficina Inmobiliaria del Tercer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 16, Tomo 3 adc, Protocolo 1º.
Cuando cumple tres décadas se encuentra en una situación digna de desconcierto nacional por cuanto viene siendo víctima de unos sujetos que actuando en nombre de la Iglesia Católica, al parecer, se revelan descaradamente usurpando las funciones de las autoridades legítimas del Instituto, puesto que usan el decreto 2.509 explícitamente autorizatorio que otorgó el Ejecutivo Nacional para su creación y funcionamiento el 27 de diciembre de 1977.
Todo esto, salvo mejor apreciación, completamente al margen de este marco jurídico, el 20 de diciembre de 2002, estos individuos liderizados por el Cardenal Antonio Velazco y mediante un acto ramplón, en complicidad con el Registrador de la Oficina de Registro del Segundo Circuito del Municipio Libertador protocolizaron una Fundación burlando la buena fe de los miembros de la Asociación para apoderarse del patrimonio del IUPMA y desde esa fecha vienen usando impunemente el nombre, el logo, el membrete, los sellos y el referido Decreto para conferir títulos académicos de manera ilegal.
En este sentido es nuestra obligación, actuando en nombre de la Asociación Civil Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Rafael Arias Blanco” IUPMA, exigir respeto al cumplimiento de las leyes. Los tribunales competentes, el Ministerio Público y el órgano rector de la educación superior deben abocarse para apegar sus decisiones al marco jurídico que rige la materia. La impunidad, la presunta condición maula de una institución educativa debe ser investigada celosamente, más aún cuando se trata de la delicada formación docente, donde debe prevalecer la moral, la ética, la responsabilidad y la solidaridad social como principios fundamentales de la educación venezolana. Valores pisoteados por el modelo mercantilista practicado por esta Fundación, muy contrario al modelo de carácter popular y humanista que siempre prevaleció en el comportamiento académico de los docentes del IUPMA.
Hasta la fecha los argumentos de un grupo de abogados que han asumido la defensa de la mencionada Fundación, se apoyan reiterativamente en la Iglesia Católica, sus argumentos son completamente falsos, no soportan el mínimo análisis. Se sostienen en mentiras ridículas que sólo podrían surtir efectos en autoridades tarifadas, pero estas actuaciones falaces tienen un techo muy bajo, la mentira es de estrecha trayectoria. Es obvio reconocer que la justicia divina y la justicia terrenal no pueden admitir que en su nombre se atropelle a otros.
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