***La presidenta del Poder
Electoral dejó abierta la posibilidad de que las megaelecciones se realicen en
algún momento de 2018.
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| La presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano, Tibisay Lucena (i), recibe los documentos de inscripción del movimiento "Somos Venezuela" para las elecciones presidenciales de abril de manos de Delcy Rodríguez, presidenta de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. EFE/AVN |
Por Eugenio Martínez
Prensa/DLA/28-02-2018.- En su estrategia para
mantenerse en el poder y dividir al liderazgo opositor que aún permanece en
Venezuela el chavismo propone adelantar o atrasar elecciones a conveniencia.
La última
exigencia de Nicolás Maduro de realizar una megaelección el próximo 22 de abril
pudo llevar a Venezuela a un escenario técnico y político mucho más complejo
que el que se vivió hace 18 años cuando se intentó designar en un solo día a
todos los funcionarios de elección popular del país.
Hace 18
años Hugo Chávez llevó al país (por decisión de la Asamblea Nacional
Constituyente electa en 1999) a una megaelección que e implicaba escoger 6.845
cargos el 28 de mayo de 2000. Técnicamente ese proceso fracasó, sin embargo, el
chavismo intenta reeditarlo como parte de su estrategia electoral.
La
propuesta de Maduro (una parte se corresponde a un anuncio público de Diosdado
Cabello, segundo hombre fuerte del gobierno venezolano) fue desestimada el
viernes por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante,
Lucena dejó abierta la posibilidad de que las megaelecciones se realicen en
algún momento de 2018.
La
declaración de Lucena coincide con la “oferta electoral” que el Gobierno de
Maduro presentó a la oposición en las últimas horas: atrasar en un mes los
comicios presidenciales del 22 de abril para realizarlos en conjunto con otras
de las elecciones pendientes.
MEGAELECCIONES
PARA DISOLVER AL PARLAMENTO
La
posibilidad de realizar una megaelección implica, además de la disolución de la
Asamblea Nacional electa en 2015, el adelanto de dos procesos electorales y la
realización de otros dos comicios pospuestos en su momento por el cálculo
político de Maduro.
Según lo
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el
mes de diciembre de 2016 debía realizarse la elección para escoger a 23
gobernadores y 235 legisladores de ámbito regional.
Este
proceso fue pospuesto en dos oportunidades hasta que finalmente se realizó
parcialmente en el mes de octubre de 2017. En esa oportunidad, por exigencia de
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) los venezolanos solo votaron para
escoger 23 gobernadores, eliminándose los comicios para 235 legisladores
regionales.
La
Constitución venezolana también establece que en diciembre de 2017 debían
celebrarse los comicios para escoger a 335 alcaldes, los integrantes de la
cámaras municipales, dos alcaldes metropolitanos y sus respectivos cabildos
metropolitanos.
No
obstante, la Asamblea Constituyente convocó para diciembre solo la elección
para escoger a 335 alcaldes, posponiendo la votación para que los venezolanos
votaran por 2.435 integrantes de concejos municipales. Además, la instancia
constitucional impuesta por Maduro disolvió las dos alcaldías Metropolitanas
con la que contaba el país desde hace 18 años y todos los cargos asociadas a
estas éstas instancias de poder. Al frente de estas dos alcaldías
metropolitanas se encontraban desde 2012 figuras de oposición y disidentes del
chavismo.
DISOLVER
EL PARLAMENTO
El caso
de la elección anticipada de los integrantes de la Asamblea Nacional es mucho
más complejo. No obstante, en algunos sectores de la oposición venezolana se
valora la posibilidad de participar en una mega-elección si se retrasa la
presidencial del 22 de abril y se otorgan algunas garantías técnicas y
políticas.
Por
ejemplo el diputado Simón Calzadilla (Movimiento Progresista) ha sugerido que
si la elección de Presidente y Asamblea Nacional se convoca para el mes de
junio “habría tiempo para que el oficialismo y la oposición puedan
organizarse” y que haya acompañamiento internacional (…) Nos parece fabuloso.
Podríamos salir de la crisis midiéndonos todos”.
Los
actuales diputados del Parlamento venezolano fueron electos en diciembre del
año 2015 para el periodo constitucional 2016-2021. No obstante, las denuncias
de fraude electoral en la votación para escoger a tres representantes del
estado Amazonas y del circuito indígena Amazonas-Apure presentadas por el
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en diciembre del año 2015
provocaron que el Tribunal Supremo de Justicia declarase en desacato al Parlamento.
754 días después de presentada esta impugnación el TSJ no ha recabado las
pruebas que demuestran el fraude en esta elección. En este tiempo el TSJ ha
emitido 56 sentencias que impiden al Parlamento ejercer sus funciones
legislativas. Estas sentencias usurpan además el ejercicio de esas funciones,
entre las que puede destacar, por ejemplo, la de autorizar el presupuesto de la
Nación durante los dos últimos años.
Mientras
el TSJ declara el desacato de la Asamblea Nacional, ha avalados 12 decretos
(con sus respectivas prórrogas) de Estados de Excepción que otorgan poderes
absolutos a Maduro. Estos decretos implican que Venezuela se mantiene en Estado
de Excepción desde hace 24 meses.
Con este
panorama la propuesta electoral del chavismo que la oposición (o una parte de
la oposición) participe puede mezclar dos elecciones pospuestas (233
legisladores regionales y 2.435 concejales), disolvería el Parlamento,
adelantando en tres años los comicios para escoger a la Asamblea Nacional,
además de adelantar en ocho nueve meses los comicios para escoger al Presidente
para el periodo 2019-2025.
OTRO
INTENTO DE GOLPE DE ESTADO
A través
de un comunicado la directiva de la Asamblea Nacional calificó la semana pasada
la decisión de adelantar los comicios parlamentarios como otro intento de
ruptura del orden constitucional. “Este intento de golpe al Estado de Derecho
–se explica en el comunicado de la directiva de la Asamblea Nacional- tiene
entre sus objetivos evadir el control de la Administración Pública Nacional que
constitucionalmente le corresponde a esta Asamblea Nacional, y de esa manera,
garantizar la impunidad de quienes se han apropiado delincuencialmente del
dinero público, lo cual es una de las causas fundamentales de que nuestro
pueblo hoy esté pasando hambre, sin conseguir las medicinas, expuesto a una
inseguridad personal sin límites, y buena parte de él está huyendo hacia otros
países por ser víctimas de la pavorosa crisis humanitaria que se ha generado en
la gestión del actual gobierno”.
Por otra
parte, desde el Parlamento se advierte que se “desconoce la legitimidad de la
llamada Asamblea Nacional Constituyente para recortar el mandato popular
otorgado por el pueblo venezolano a los Diputados integrantes de esta Asamblea
Nacional, quienes de conformidad con el Articulo 192 de la Constitución vigente
duraran cinco años en el ejercicio de sus funciones, lo cual solo puede ser
modificado a través de una Enmienda Constitucional o de la aprobación de una
nueva Constitución; en ambos casos, es el pueblo venezolano quien puede
libremente tomar esa decisión”.
EL
REVOCATORIO REQUERÍA MÁS DE 90 DÍAS
La
disposición del CNE para organizar en menos de 74 días la elección anticipada
del Presidente de la República contrasta con los argumentos técnicos empleados
en 2016 para explicar por qué no era factible organizar una consulta popular
sobre la continuidad de Nicolás Maduro en menos de 90 días.
El 9 de
agosto de 2016 la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay
Lucena explicaba que “para hacer elecciones en forma segura hay
que respetar principios legales y principios de logística. Los lapsos no se
pueden atropellar por más que yo lo quiera, por más que yo lo desee”.
Según
Lucena “no porque yo lo desee, mañana podrá aparecer una máquina lista para
una elección (...) La disposición de las antenas satelitales, no se llevan
menos de 40 días. Cada fase del proceso lleva tiempo y esfuerzo. Lesionar los
tiempos del revocatorio es lesionar la efectividad del mecanismo. El CNE no
puede adelantar o retrasar los lapsos para un proceso electoral. Este poder
independiente no acepta presiones de nadie”.
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