*La mayoría de los
magistrados designados por el Parlamento logró salir del país y ahora
trabajarán desde el exilio para señalar los delitos de derecho universal
cometidos en esa nación
*Magistrados en el
exilio centrarán su agenda en delitos de lesa humanidad, narcotráfico y crimen
organizado
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| Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo designado por el Parlamento. CORTESÍA/GLOBOVISIÓN |
Por Elkis Bejarano Delgado/@ElkisBejarano
E-mail:
ebejarano@diariolasamericas.com
Prensa/DLA/10-10-2017.- Los magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, obligados a irse al exilio,
se instalarán este 13 de octubre en la sede de la Organización de Estados
Americanos e iniciarán una agenda de trabajo con el apoyo de la justicia
universal sobre “las graves violaciones de Derechos Humanos que sean objeto de
denuncia; los delitos de lesa humanidad y aquellos enmarcados dentro de la
Convención Internacional de Delincuencia Organizada, donde encuadran los temas
de tortura, legitimación de capitales, narcotráfico y terrorismo”.
Así lo aseguró a DIARIO LAS AMÉRICAS, el
recién nombrado presidente de este inédito TSJ, Miguel Ángel Martín, quien fue
enfático en señalar que el “organismo que trabaja desde el exilio está
legítimamente protegido por la Constitución venezolana y los tratados internacionales;
por lo que sus decisiones y/o veredictos conducirán a rescatar la ley en
Venezuela y la credibilidad en la institución, es decir, el regreso al Estado
de derecho”.
Y el camino que han transitado estos
magistrados no ha sido fácil, pues este nuevo TSJ, designado por la Asamblea
Nacional, ha sido amenazado y perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, al
punto que los juristas se vieron obligados a abandonar el país para
constituirse en el exterior y así poder denunciar los abusos cometidos por una
dictadura que obvia los dictámenes de la Constitucional Nacional. Cabe recordar
que el régimen de Maduro conformó, a través de unas elecciones fraudulentas,
una Asamblea Nacional Constituyente que trabaja en paralelo con el anterior
Parlamento y que desconoce a estos nuevos magistrados, quienes fueron nombrados
luego de un legítimo proceso de selección previo.
"Los ámbitos de nuestra competencia y
que vamos a trabajar son temas de la justicia universal, que comprenden
variados tópicos que son sumamente importantes y que están regidos no sólo por
la Constitución venezolana y por el resto de las leyes de carácter de orden
público; sino también por los tratados internacionales (…) temas que
corresponden a la justicia internacional y universal”.
¿Qué deben esperar
los venezolanos después del 13 de octubre?
-El
13 de octubre vamos a hacer un acto, una apertura en la sede de Organización de
Estados Americanos en el salón Las Américas. Es el acto oficial para comenzar a
operar como Tribunal Supremo legítimo de Venezuela. Es el acto protocolar que
inicia nuestras actividades; a partir de esa fecha vamos a comenzar a resolver
y tomar decisiones de todos aquellos casos, peticiones y solicitudes que nos
formule el pueblo venezolano y aquellas que también oficiosamente nosotros
podamos responder en el ámbito de nuestras competencias.
¿Cuál es el marco
jurídico que respalda su trabajo desde el exilio?
-Primero,
nosotros gozamos de una legitimidad de origen porque los 33 magistrados fuimos
escogidos cumpliendo los requisitos que establece la Constitución y las leyes
venezolanas. Segundo, tenemos una legitimidad democrática porque nuestra
designación fue realizada por nuestro Poder Legislativo, como órgano legítimo y
competente, previo a una consulta popular en la cual 7.680.000 venezolanos
pidieron el cambio de los poderes públicos. También gozamos del reconocimiento
nacional por parte de la Asamblea Nacional, así como de la sociedad civil y
organizaciones que hacen vida en el país y también el reconocimiento
internacional de países amigos de buena voluntad y demócratas que nos
reconocen, como lo que somos, un TSJ legítimo.
Además de algunos
países de la Comunidad Europea y de la OEA
¿Cuáles otras naciones les han mostrado apoyo?
-Los
precedentes que han existido son gobiernos en el exilio reflejados en un Poder
Ejecutivo, un poder político. De acuerdo con nuestra legislación el poder
judicial venezolano es un gobierno judicial. El término correcto es (Tribunal
Supremo) legítimo y no en el exilio porque nosotros vamos a manejar temas
referidos a la justicia universal y la transnacional, y la podemos conocer
dentro o fuera de Venezuela. Nosotros hemos hecho un peregrinaje buscando el
reconocimiento mundial. Hemos ido a Perú, Argentina, Paraguay, Colombia (donde
me encuentro), Bruselas, España y Estados Unidos. Allí nos hemos reunidos con
nuestros pares jueces y también con entes gubernamentales y de la sociedad
civil como universidades y ministerios relacionados con los temas de justicia.
¿Temen que las medidas
que se tomen queden en el simbolismo, no trasciendan, ni sean realmente
efectivas?
-Eso
va a depender de la forma como ejerzamos y los temas que vayamos a tratar. Al
trabajar los temas de terrorismo o delitos de lesa humanidad, nos vamos a
servir de la ayuda y colaboración de la justicia internacional, con la Corte
penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal
Europeo sobre Derechos Humanos. También vamos a hacer rogatorias (exhorto
internacional) a los países en aquellos casos en que exista algún delito grave
y ya corresponderá al país amigo darle cumplimiento a estas solicitudes.
Existen mecanismos dentro del Derecho Público Internacional que vamos a hacer
valer.
¿Han mantenido
comunicación con la fiscal, también en el exilio, Luisa Ortega Díaz?
-Sí,
hemos tenido varios encuentros en los que hemos abierto un canal de
comunicación de dos funcionarios, la Fiscalía y el Tribunal. Nosotros la
reconocemos como fiscal general de la República de forma legítima y estamos a la
espera de que, después de la apertura de nuestras actividades, ella haga las
solicitudes que a bien tenga y nosotros las procesaremos como tribunal.
En la instalación
del 13 de octubre ¿Cuál es el quorum que se necesita legalmente?
-Nosotros
somos 32 magistrados de los cuales sólo tres no van a participar, dos porque
fueron obligados a renunciar y uno que está en Venezuela bajo régimen de
presentación [libertad condicional] que es el magistrado Ángel Zerpa Aponte. El
resto va a participar y tenemos el quórum que establece la Ley Orgánica del
TSJ.
Es decir, ¿Ya no
hay ningún magistrado en las embajadas?
-Sí,
quedan. Los que están en las embajadas conforman el Tribunal. Los que están en
las embajadas votan para la designación de la junta directiva, y son
magistrados que conforman cada una de las salas.
¿Ellos pueden
trabajar a distancia?
-Perfectamente.
Ellos pueden emitir su opinión, salvar su voto, pueden decir sí o no con toda
la autonomía que ellos tienen.
Este TSJ puede ser
señalado de que no es imparcial en sus decisiones o en sus ponencias después de
que sus miembros han sido perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro.
-
Nosotros vamos a trabajar con la finalidad de rescatar la ley en Venezuela y la
credibilidad en la institución. Y eso nos obliga a ser autónomos, imparciales e
independientes. Cada magistrado debe cumplir con su deber de imparcialidad en
cada uno de los hechos y las situaciones jurídicas que se nos presenten y que
forman parte de nuestras peticiones.
¿Alguna
organización política los dirige?
-Somos
un grupo de profesionales que no tenemos ningún poder detrás de nosotros. Somos
venezolanos que estamos haciendo esto con la mayor convicción democrática y la
austeridad que esto representa.
¿Cuáles son los
delitos más graves del régimen de Nicolás Maduro?
-
Nosotros no vamos a tratar exclusivamente delitos. Nuestro trabajo va a
centrarse en el control de la Constitución porque para nosotros lo más
importante es el regreso del Estado de derecho, la institucionalidad y la
credibilidad de los poderes, principalmente del Poder Judicial. Queremos
ofrecer a todo el pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional una luz de
esperanza de lo que debe ser el comportamiento de un Poder Judicial. Por lo
tanto, nosotros vamos a trabajar en la línea de acción principal de controlar
la Constitución y la defensa de la ley, en relación a DDHH, temas de lesa
humanidad y temas que están dentro de la Convención de Delincuencia Organizada.
También vamos a conocer de situaciones de derecho constitucional que nos
presente la sociedad civil venezolana.
¿Puede darnos un
ejemplo?
-No
puedo adelantar ninguna de esas peticiones porque sería incorrecto hacerlo y
vamos a esperar después de la apertura oficial del 13 de octubre para que la
comunidad nacional e internacional conozca nuestras primeras decisiones. Vamos
a aprovechar la buena voluntad de varios países y de organizaciones que van a
servir de receptáculo de denuncias y peticiones. También vamos a contar con una
dirección telemática como ocurre en la Corte Penal Internacional, la Corte
Interamericana de DDHH o el Tribunal de DDHH de Estrasburgo, donde la gente
hace sus peticiones vía internet y puede rendir sus probanzas por medio del
correo-.
¿Su sede será en
la OEA?
-Nos
han sido prestadas las instalaciones de la OEA por el secretario general y su
grupo de embajadores para realizar nuestro acto de apertura y algunas sesiones.
Pero haremos sesiones en otros países amigos. En Colombia haremos una sesión,
posiblemente a finales de octubre o inicios de noviembre.
EL CAMINO AL
EXILIO
¿Cómo fue la
salida de ustedes de Venezuela, después de que la AN los nombrara y el régimen
les dictara auto de detención?
-Como
somos 32, hubo uno que salió al día siguiente de que fue juramentado, otros
esperaron entre una, dos o tres semanas. Otros se fueron a las sedes
consulares. Algunos salieron por tierra, otros por mar.
¿Fueron días muy
difíciles en la clandestinidad?
-Yo
me fui después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que
fueron dos semanas o algo así viviendo en la clandestinidad. Fue una
experiencia difícil para todos nosotros, pero no hemos sido los únicos que
hemos vivido situaciones como esa. Hay alcaldes, gobernadores, diputados,
venezolanos de la sociedad civil, profesores universitarios, que han vivido
situaciones difíciles como las que hemos vivido los magistrados, con la
diferencia en la historia republicana de Latinoamérica de que nunca habían sido
perseguidos 33 integrantes de la alta corte de un país. Éstas son las cosas
incorrectas y negativas que estos señores tienen en su haber y que en algún
momento serán juzgados por eso cuando corresponda.
¿Alguno de los
magistrados aliados al régimen se ha comunicado con ustedes?
-Eso
no te lo puedo decir
¿Ha
recibido amenazas en el exterior?
-De mi parte no he recibido ninguna
¿En Venezuela, de
quién han recibido apoyo, algún sector de la Fuerza Armada los ha apoyado?
-Nosotros
hemos tenido el apoyo institucional de la Asamblea Nacional que nos reconoce
como magistrados legítimos y también de la sociedad civil, como las
universidades, los colegios profesionales y otras organizaciones que hacen vida
pública en Venezuela en materia de los temas sensibles en nuestro país.
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