Por DANIEL
CASTROPÉ
*Los
abogados Rafael Ortega y Gonzalo Oliveros aseguran que la opción del Gobierno
de ganar por su bajo nivel de aprobación es casi nulo y que los comicios constituyen una
oportunidad no despreciable
*Los
33 magistrados designados por la Asamblea Nacional son ahora perseguidos por el
régimen de Nicolás Maduro.
*Los
33 magistrados designados por la Asamblea Nacional son ahora perseguidos por el
régimen de Nicolás Maduro. EFE
dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope
MIAMI.- El magistrado
del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Rafael Antonio Ortega,
quien se encuentra refugiado junto a su familia y otros cuatro colegas en
Colombia, afirma que la decisión de participar en las elecciones regionales
convocadas por la dictadura constituye un espacio que la oposición “no puede
despreciar” dentro de su lucha por el retorno de la democracia en ese país
sudamericano.
Ortega, que se vio obligado a abandonar su
país por amenazas del régimen de Nicolás Maduro, es uno de los 33 magistrados
que tomaron juramento el pasado 21 de julio ante la Asamblea Nacional (AN) de
Venezuela, en sustitución de los que fueron designados de forma irregular en
diciembre de 2015. En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS sostuvo que al
Gobierno chavista “no se le pueden dejar espacios vacíos (…). Lo que uno deje
por ahí en el aire, mañana puede ir en contra de uno”.
La oposición venezolana acordó el
miércoles inscribir candidatos para las elecciones de gobernadores del próximo
10 de diciembre, según informó la coalición Mesa de la Unidad Democrática
(MUD), aunque varios de sus dirigentes se encuentran inhabilitados.
Esa determinación ocasionó que la
dirigente opositora María Corina Machado se deslindara de la MUD, pues considera
que aceptar los comicios significa “someterse” a la “dictadura” y calificó como
una “validación de una dictadura mafiosa” el hecho de participar en unas
“elecciones amañadas a la medida”.
El magistrado Ortega admite que poner de
acuerdo a varias personas o grupos políticos es muy difícil. “Unos opinan que
no deben estar en las elecciones, otros en la calle, unos opinan que debe haber
una salida rápida, otros que una más despacio.
“Pero cuando los venezolanos decidimos no
ir a las elecciones, que dejamos el Parlamento libre para ellos [el chavismo],
vieron lo que pasó. No dejaron espacios vacíos. Después nos dieron la
oportunidad de elegir a nuestros diputados en la AN y vimos cómo el pueblo
salió masivamente a votar”.
En el año 2005, después de haber perdido
un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, quien falleció en
2013, la oposición se abstuvo de acudir a las elecciones legislativas, lo que
permitió durante cinco años el control absoluto del chavismo sobre el
Parlamento.
Ortega pidió “al pueblo venezolano que
tenga confianza en lo que estamos haciendo, y que cada venezolano le dé la
interpretación política que quiera a la decisión de participar en las
elecciones sin dejar de pensar en que todos queremos lo mismo, que es la
libertad de Venezuela”.
El magistrado Rafael Ortega tiene 50 años
de edad, es abogado de la Universidad Santa María, de Caracas, y en ese mismo
claustro de educación superior hizo sus especializaciones en derecho, y hasta
el momento en que debió abandonar Venezuela se desempeñaba como profesor en la
ciudad de Barquisimeto.
“ES UNA POSICIÓN
COHERENTE”
Otro
de los magistrados que se vio conminado a salir del territorio venezolano
después de que el dictador Nicolás Maduro anunciara que el grupo de 33 sería
encarcelado “uno por uno”, además de la congelación de sus bienes y cuentas
bancarias es el también abogado Gonzalo Oliveros, designado suplente de la sala
de Casación Penal del TSJ.
En palabras de Oliveros, los 7.186.170
venezolanos que votaron en la consulta popular del pasado 16 de julio
decidieron que la oposición debía participar en futuras elecciones. “Yo voté
como ciudadano ese día, y esa era la pregunta número 3 de la consulta”.
Agregó que si en estos momentos la
oposición optara por no participar en las elecciones, la disidencia estaría
desconociendo el resultado de una votación que marcó una “apabullante derrota”
para el régimen del gobernante Nicolás Maduro.
El magistrado, quien también dio sus
declaraciones vía telefónica, envió un mensaje al sector de la oposición que
está en desacuerdo con participar en los comicios de diciembre próximo,
asegurando que “no es un momento de valores absolutos, es un momento de
realidades con las que estamos viviendo”.
Y añadió: “Si a los ciudadanos venezolanos
se les da una herramienta para participar, hagámoslo. Eso no significa
convalidar nada, simplemente si participamos y ganamos, y nos roban, nos
robaron. Si participamos y suspenden las elecciones, nos robaron. Pero no
podemos decir que nos ganaron porque no participamos”.
Recabando en la historia, Oliveros indicó
que la decisión asumida por la MUD es coherente con lo que ha hecho la
democracia venezolana cuando enfrenta una dictadura. “En 1952 cuando el país
estaba regido por el general Marcos Pérez Jiménez, se convocó a una Asamblea
Nacional Constituyente y la misma discusión que se está dando hoy, se dio en
esa oportunidad”.
En ese entonces, –recordó– el partido
Acción Democrática proponía la abstención mientras que los partidos URD y Copei
proponían la participación. “Finalmente primó la participación y el Gobierno
dictatorial hizo lo que hacen esos regímenes cuando pierden: hizo fraude”.
Más adelante dijo que en el año 1957
cuando Pérez Jiménez, “ya presidente por efecto de esa Constituyente espuria”,
propuso la realización de un plebiscito, “se produjo exactamente lo mismo, la
misma discusión, que se resuelve participando y el Gobierno vuelve a hacer
fraude”.
A su juicio, un gobierno dictatorial
difícilmente acepta un resultado electoral desfavorable, pero la experiencia
democrática en Venezuela demuestra –acorde con Oliveros– que cuando una
dictadura convoca unas elecciones, hay que participar.
“No se puede estar con exquisiteces
jurídicas respecto de si el CNE de la época era o no decente. Ya sabemos cómo
actúan las señoras que hoy manejan el CNE, pero a sabiendas de eso se le ha
ganado elecciones al Gobierno”, subrayó.
“NO HUIMOS”
Los
magistrados Ortega y Oliveros, y otros tres miembros del TSJ cruzaron la
frontera colombovenezolana, tras las amenazas que inició cumpliendo la
dictadura de Nicolás Maduro con la detención del también magistrado ese
organismo Ángel Zerpa.
Al respecto, Ortega dijo: “Nosotros
salimos del país porque presos no hacemos nada. Era la mejor decisión, y quiero
dejar bien claro que nosotros no hemos huido de Venezuela, nosotros nos vimos
forzados a dejar el país para refugiarnos en Colombia”.
Dijo, además, que confía en un pronto
proceso que termine por restablecer la democracia en esa nación suderamericana.
“Aquí no estamos quietos, estamos trabajando, porque tenemos fe que nos vamos a
integrar muy pronto al Tribunal Supremo de Justicia, como magistrados que
somos”.
El magistrado agradeció la forma
hospitalaria cómo han sido recibidos por el pueblo colombiano y sus autoridades
y, asimismo, elogió a otros gobiernos del continente, y de otras partes del
mundo, que están siendo receptores del éxodo venezolano propiciado por las
condiciones de vida en ese país.
También se encuentran en la limítrofe
ciudad de Cúcuta, en Colombia, los magistrados Rubén Carillo, Gonzalo Álvarez y
Pedro Troconis.
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