Discusión de Cláusulas Económicas de la IICCU. Un escenario de conflicto intencionalmente estimulado por el Gobierno de Maduro

 Prof. Gerardo Vásquez (APUC)

10-08-2015

L

a semana que recién termina, correspondiente a las reuniones de los días 5, 6 y 7 , y   primera de agosto, en la que el Ministro Fernández había anunciado se estaría firmando la IICCU para el sector universitario, resulto un fracaso. Se inicia la discusión el día miércoles con la cláusula 78 relativa al principio según el cual los ajustes que se hagan en las remuneraciones a los trabajadores deben ser extendidas a las pensiones de jubilación, incapacidad y sobreviviente, en lo que es un aspecto elemental de progresividad laboral y en correspondencia con el derecho a la no discriminación, fundamentalmente al personal jubilado. Lo cierto es que la discusión fue diferida y llamo la atención en el hecho de, ¿quién le da instrucciones a los llamados técnicos de la OPSU para que continuamente intenten desconocer derechos y logros anteriores de los trabajadores?. En el caso de los jubilados, denuncio por este medio al MPPEUCT en su continuado esfuerzo por desconocer los derechos de los jubilados y desmejorar sus condiciones de vida bien ya sea por colocarlos en un régimen de jubilaciones distinto, bien por discriminarlos de los beneficios acordados en las convenciones de trabajo. ¿Quién ordena actuar de esta manera a estos funcionarios llamados técnicos en su continuado esfuerzo de destruir derechos laborales de los trabajadores?. Con el diferimiento de la cláusula 78, se llega al siguiente día 6 y se discuten las cláusulas 71(adquisición de terreno para adquisición de viviendas) 72(Facilidades para la adquisición de vehículos) 73(plan de recreación y turismo social) y 74(plan vacacional para los hijos de los trabajadores). Las argumentaciones de los técnicos para cada aspecto es digno de un cuento Quijotesco. Se pasa a la cláusula 115 sobre solicitudes de  adelanto de Prestaciones Sociales, que están establecidas en la ley y todas son diferidas. Es allí cuando el Vice Ministro J. Guzmán, interviene y reconoce que estas cláusulas no se han cumplido en la convención anterior y por lo tanto solicita se suspendan las reuniones por esta semana comprometiéndose a presentar para el día martes 11 un paquete de cláusulas sobre estos aspectos y, adicionalmente, ofrece iniciar la discusión de las tablas salariales al día siguiente, en el que se compromete a discutir la cláusula 83, es decir el día miércoles 12. Nuevamente nos llenamos de ilusiones para la semana que viene. Esperemos se concrete su promesa. Lo cierto es que en el Comando Nacional Interfederativo, es cuestión de honor, la reconstrucción de la escala a partir de 2 salarios mínimos y de allí en adelante se le añade el 7% interescala para los 7 niveles de cargos del personal obrero y luego sigue desde el cargo 201 al 409 del personal administrativo y luego, sobre los cargos docentes el 18% a tiempo completo y 20% al dedicación exclusiva, sin solapamiento de cargos y con carácter móvil. 

Gremios y sindicatos, ya habían ofrecido una rueda de prensa en horas de la mañana de ese mismo día, en donde alertaban sobre una escalada de propuestas diversas, donde actores pro-gobierno mostraban escalas y porcentajes de aumento sobre escenarios que nunca han sido considerados por quienes tienen la responsabilidad de negociar, pretendiendo crear un ruido en las discusiones. En dicha rueda de prensa se denuncia, se rechaza tal irregularidad y se anuncia el llamado a conflicto para el mes de Septiembre por parte de la FAPUV y el llamado a una hora cero con paralización indefinida a partir del 1 de Octubre por todos los demás sectores de trabajadores. En otras palabras, hay unas 4 semanas antes del 7 de Septiembre, fecha en la que se reincorpora la primera Universidad a sus actividades, para que el Gobierno presente su propuesta de aumento salarial y para tratar de llegar a un acuerdo sobre el depauperado salario de los universitarios, antes de que se desate un infierno de conflictos.

Septiembre se asoma como probable inicio de un incendio impredecible, por la ineficiente y maltrecha política militarista en contra de la educación. Cabe preguntarse si toda esta tardanza y lentitud no está concebida dentro del ese espíritu criminal de convocar una escalada de conflictos con miras a influir en el panorama electoral de las elecciones parlamentarias de Diciembre. El Gobierno de Maduro, no puede jugar al caos en una coyuntura política, económica y social tan complicada. Las Universidades están conscientes del rol que les toca jugar en el rescate de la civilidad perdida y de la institucionalidad sin brújula. Adicionalmente, la conflictividad se incrementa por el impacto en el propio desenvolvimiento interno de las universidades, sometidas a imposiciones de cupo que ponen en peligro su calidad y funcionalidad. Ya hay posiciones firmes y valientes como la del Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UC por la Escuela de Medicina, donde no está dispuesto a sacrificar la calidad formativa profesional por la masificación, posición que apoyamos desde la representación profesoral. La situación presupuestaria juega otro papel en lo atinente a servicios estudiantiles, sin contar con el hecho de no permitirse elecciones para la renovación de autoridades, aspecto este, que ha potenciado los conflictos a lo interno. 

FAPUV en su reunión de Junta Directiva Nacional del jueves 6 de agosto, ratificó su llamado a no reintegrarse a actividades académicas de no llegarse a un acuerdo sobre la situación salarial de los universitarios. Cada Universidad tiene autonomía en el como instrumentar esta medida que en definitiva solo busca llamar a resolver la situación remunerativa del sector universitario sobre el criterio de Dignidad del Salario. Un salario Digno está referido a la garantía del acceso a los bienes y servicios, al que este importante sector de la vida nacional, tiene derecho, dentro de una vergonzosa escalada de desafueros económicos y corrupción que la política gubernamental ha dispuesto, y en la que ha dejado escapar una oportunidad para el desarrollo y progreso nacional, en la que se ha apartado y excluido a la Universidad venezolana.

Lo cierto, es que el Gobierno Nacional no tiene una propuesta salarial para la discusión de la IICCU ni tiene presupuestado lo relativo al aumento de los universitarios en el presupuesto ordinario. Eso nos obliga a alertar sobre la situación posterior a la discusión del aumento. ¿Y cómo y cuándo nos van a pagar el retroactivo del aumento? Probablemente sea materia de otro conflicto. Una educación universitaria que navega en un barco gubernamental sin brújula.