Fernando Facchin B.
ffacchinb@gmail.com
El Carabobeño
Viernes 11.01.13
“Bienaventurados los pueblos que no necesitan héroes”. Bertold Brecht
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a adicción al cargo político
siempre es preocupante, cuando los dirigentes dejan de reconocer los límites de
su poder, la democracia se vuelve autocracia. Al comienzo se produce la
desconexión, a la que le sigue la creencia de ser los únicos que saben lo que
conviene y lo que no. Quedarse más tiempo de lo conveniente puede ser la
enfermedad profesional de los dirigentes políticos, pero, ante todo, es
incompatible con la democracia como marco para hacer cambios sin violencia”. R.
Dahrendorf
El asunto que hoy me ocupa tiene
un trasfondo de suma importancia, cual es la debilidad política de un
pseudoliderazgo en decadencia, que no
habla a nuestra inteligencia, que no respeta nuestro sentimiento democrático,
ni las normas fundamentales del Estado de Derecho, se resuelve siempre en clara
y repetitiva contravención de la CRBV, buscando destruir, en forma definitiva,
las instituciones fundamentales del país, actuando con malsana astucia sobre
nuestro parlamento a fin de arrastrarlo a tomar decisiones que favorezcan sus
hegemónicas pretensiones, con un dudoso piso político jurisdiccional. La tesis
del “continuismo” asumida por el parlamento con piso político/judicial del TSJ,
no es otra cosa que una burda “manipulación del Estado de Derecho”, rebuscada
entre los senderos escabrosos de la inconstitucionalidad.
La manipulada aceptación de un “continuismo administrativo”
inconstitucional avala la perpetuidad en el poder, lo que implica ponerle una
lápida a la democracia y una vil estocada a la CRBV, precedente fatal para la democracia y el
Estado de Derecho. El que los votos borren la inconstitucionalidad no es
posible en un Estado de Derecho, quienes así lo ejecutan, dan un golpe de
Estado contra la integridad y supremacía de la CRBV; se ha cohonestado en el
parlamento, convalidada por el TSJ, una
inmoralidad constitucional maquiavélica, según la cual no importan los
medios utilizados para conseguir los fines políticos personalistas propuestos,
todo lo cual impulsa el ocaso de la institucionalidad, a sabiendas de que todo
acto que contravenga la Carta Magna constituye un delito de carácter
constitucional.
Se ha ejecutado un “autogolpe de
Estado” y Venezuela entra en una suerte
de transición política dominada por la incertidumbre sobre su soberanía,
estando en peligro la estabilidad institucional y la paz de la nación, ante un
proceso de manipulación para un vulgar entendimiento político, lo que conlleva
la destrucción definitiva del Estado de Derecho ante la tergiversación tendenciosa
que se ha hecho de la CRBV. El autogolpe legislativo/ judicial no es un hecho
fortuito; es una estrategia diseñada y empleada para justificar la coyuntura de
ausencia presidencial, estrategia sustentada en un cretinismo legalista,
mediante el cual se sacrifican las
instituciones fundamentales y la Carta Magna en aras de un interés político
contrario a la nación y a la democracia.
El autogolpe no es un hecho
fortuito. Es una estrategia general de
la “globalización”, diseñada y empleada para determinadas coyunturas y
circunstancias. Sacrificando a las
instituciones prescindibles, que es la esencia de un autogolpe de Estado.
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