Trabajadores del sector público denuncian que ha recrudecido el acoso
contra quienes simpatizaron con Henrique Capriles Radonski
Trabajadores que critican la gestión oficialista son removidos de sus
cargos. Denuncian que ha recrudecido el acoso contra quienes simpatizaron con
Henrique Capriles Radonski el 7-O
ANA DÍAZ
21 de noviembre 2012
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E
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l 25 de abril de 2005, durante el
quinto gabinete móvil realizado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, el presidente
Hugo Chávez anunció que iba a archivar y enterrar la lista Tascón. “Si alguno
de nosotros para tomar una decisión personal con alguien va buscar la lista
está trayendo situaciones pasadas al presente y contribuyendo a crearlas”,
dijo.
El mensaje conciliador alivió a
los trabajadores del sector público aunque, como sostienen sindicalistas,
directores de organismos y gerentes de empresas del Estado aplicaron los
criterios de discriminación laboral de la lista, hecha pública en 2004 por el
diputado Luis Tascón, fallecido en agosto de 2010.
“La lista siempre estuvo en el
ambiente, pero días antes del 7 de octubre recrudeció el acoso en los centros de
trabajo”, dijo un funcionario que solicitó no mencionar su nombre.
“El fantasma de la lista siempre
nos ha acompañado. Por eso los empleados públicos nos dedicamos a cumplir
nuestro trabajo y no meternos en política”, señalaron funcionarios que pidieron
el anonimato. Uno de ellos contó: “De la manera más sutil los jefes militantes
del PSUV te invitan a inscribirte en el partido porque debes agradecer que
gracias a la revolución tienes un empleo con posibilidades de ascenso si eres
leal al proceso”.
Otro empleado agregó: “Para no
meterse en problemas, los trabajadores acceden a participar en las marchas
políticas, donar un día de salario o vender rifas del PSUV en las campañas
electorales”. Los entrevistados coincidieron en que últimamente se ha recrudecido
el acoso laboral contra quienes manifestaron su simpatía por el candidato
presidencial Henrique Capriles Radonski.
Betty Suárez, secretaria general
del sindicato del Ministerio de Finanzas, denunció que días antes del 7-O los
jefes iniciaron la persecución laboral contra los que ejercieron su derecho
constitucional y democrático de manifestar su apoyo al candidato de la
oposición en una campaña electoral abierta.
“Eso le costó caro a los
trabajadores del Seniat con medidas de castigo como la remoción de los cargos.
Se alegó que son empleados de confianza cuando son de carrera y tienen
estabilidad, y el traslado inconsulto de más de 16 empleados a puntos lejanos
de sus hogares. En Maracaibo fueron trasladados funcionarios a las oficinas de
Santa Bárbara, a seis horas de la capital zuliana. No respetaron que son madres
que deben atender a sus hijos. Una de ellas tiene a su hija herida de bala y
debe atenderla”, expresó Suárez.
La dirigente añadió que a
empleados de Puerto Cabello (Carabobo) los trasladaron a San Carlos (Cojedes),
Cagua y Maracay (Aragua), lo cual constituye un despido indirecto. Informó que
el sindicato ha solicitado audiencias al superintendente José David Cabello,
pero se niega a recibirlos.
Purga socialista.
El desconocimiento y acoso
laboral se han extendido a los seguidores del chavismo que han hecho críticas o
han cuestionado la gestión de lo que ellos denominan “tecnoburócratas”. Entre
estas voces están los dirigentes sindicales de la central oficialista Unión
Nacional de Trabajadores, encabezada por Marcela Máspero.
Pedro Gallardo, delegado de
prevención de la planta de Cementos Venezolanos en Maracay y miembro de la
Unete, aseguró que con la excusa de un reposo médico fue removido a un cargo
administrativo con desmejoras salariales y en otros beneficios socioeconómicos.
“El médico certificó que estoy en
condiciones de volver a manejar la gandola, pero la empresa se niega a
reinsertarme”, dijo Gallardo. Señaló que fue castigado por denunciar ante el
Inpsasel el incumplimiento de la cementera de las normas de seguridad e higiene
industrial, lo cual ocasiona accidentes con lesiones y enfermedades
ocupacionales a los trabajadores.
Pero las amenazas y traslados
inconsultos también afectan a los trabajadores de la planta de Catia La Mar, en
Vargas, donde han realizado manifestaciones casi a diario con sus familias en
reclamo de los derechos laborales. “Hay una purga contra los sindicalistas
revolucionarios que cuestionan a los gerentes, que se definen como socialistas
pero persiguen a los trabajadores, cuando su obligación es defenderlos sean
partidarios o no de la revolución”, consideró Gallardo.
Igual tratamiento denuncian los
impulsores del control obrero en el sector eléctrico –corriente de Ángel Navas,
presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos–, además de los
promotores de ese mecanismo en las industrias básicas de Guayana.
Los seguidores del ex presidente
de la Siderúrgica del Orinoco Carlos de Oliveira, designado por el control
obrero, señalaron en un comunicado el 4 de noviembre que había una persecución
por parte del nuevo presidente, Rafael Gil Barrios, impuesto por el gobernador
de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.
A juicio de Junis Hernández,
dirigente sindical opositor de Unidad Matancera (La Causa R) en la acería, hay
una purga política de la facción dominante del PSUV contra otras corrientes del
chavismo. “Esa lucha por el poder imposibilita la recuperación financiera y
operacional de Sidor”.
Todo comenzó en 2003. En línea con las acusaciones del chavismo
sobre la intención desestabilizadora de la oposición, el entonces diputado Luis
Tascón dio a conocer la lista, con nombres y número de cédula de los ciudadanos
que solicitaron en 2003 al Consejo Nacional Electoral la realización de un
referéndum para revocar el mandato del presidente Chávez, consulta que se
efectuó el 15 de agosto de 2004.
Tascón subió la base de datos del
CNE a su página web y desde ese momento fue usada por jefes de los organismos y
empresas del Estado para impedir que venezolanos consiguieran empleo o
suscribieran contratos en el sector público porque firmaron la solicitud del
revocatorio, derecho establecido en la Constitución.
En los órganos estatales se
desató una persecución contra los trabajadores que aparecían en la lista o se
sospechaba que habían votado Sí en el revocatorio. Ante ello, la Federación
Unitaria Nacional de Empleados Públicos llevó la queja a la 93 Conferencia de
la Organización Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, Suiza, del 31 de
mayo al 15 de junio de 2005.
Fedeunep denunció las amenazas y
los despidos contra miles de trabajadores del Estado, lo que es una violación
del Gobierno de Venezuela al convenio 111 de la OIT, que prohíbe la
discriminación racial, social, de género y política en el empleo y la
ocupación.
“Pdvsa instrumentó con más fuerza
la lista Tacón en respuesta al paro petrolero de diciembre de 2002 y febrero de
2003, pero en el presente el blanco son asesores, consultores, profesionales y
técnicos contratados, a los que no le renuevan el contrato sin explicación
alguna”, aseguró José Bodas, secretario general de la Federación Única de
Trabajadores Petroleros de Venezuela.
En 2006, en un acto en el
Terminal de Guaraguao, Anzoátegui, el ministro de Energía y Petróleo y
presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, afirmó que la petrolera era “roja rojita” y no daba cabida
a los que no compartieran el modelo socialista del presidente Chávez.
El mandatario dijo que Ramírez se
merecía el Premio Nobel por la frase, y la coloración política carmesí se
extendió al resto de la administración pública, empresas del Estado y las
gobernaciones y alcaldías en manos del oficialismo. La lista Tascón revivía.
Exclusión en la misión Amor Mayor
Uno de los requisitos de los
consejos comunales para incluir a los aspirantes en la Misión en Amor Mayor es
que manifiesten su respaldo incondicional al presidente Hugo Chávez, pues el
registro de interesados está a cargo de los dirigentes de las comunidades que
maneja el PSUV.
Edgar Silva, representante del
Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y
Adultos Mayores, aseguró que las salas de batalla de las comunidades encargadas
de hacer el censo velan porque los beneficiarios de la misión, creada en
diciembre de 2011, sean leales a la revolución.
“El derecho constitucional de
todo venezolano de tener una pensión se ha convertido en un hecho político”,
denunció. Agregó que en la campaña para la elección de gobernadores del 16-D,
“los candidatos del oficialismo realizan actos proselitistas en los que
entregan a unos pocos ancianos la pensión para que voten por ellos”.
Informó que no se ha dado
respuesta a las solicitudes hechas hace años por más de 200.000 adultos mayores
ante el Instituto Nacional de Geriatría, que absorbió el Instituto Nacional de
Servicios Sociales.
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