**El régimen venezolano no escatima en recursos, a
pesar de la crisis humanitaria que atraviesa el país, para atacar a los medios
y forzarlos a ser benevolentes con el Gobierno
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| Una manera de callar a la prensa independiente en Venezuela ha sido a través de la compra de medios de comunicación y de pautas publicitarias por parte del Gobierno. EFE |
Por Pedro Pablo Peñaloza
@pppenaloza
CARACAS/Prensa/DLA/09-01-2018.-
La cifra de 97.000 millones de dólares invertida por
el chavismo en propaganda y publicidad durante el año 2015, al cerrar 2017,
había sido triplicada por el régimen de Nicolás Maduro con el fin de “discriminar
a la prensa privada con tendencia crítica, fomentar la dependencia y forzar al
ejercicio de un periodismo cada vez menos incómodo para el poder”, según
un estudio publicado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS).
La
opacidad con que el régimen venezolano administra los recursos públicos, impide
determinar la distribución e incremento de las sumas que emplea para “la
promoción de la gestión de gobierno, los valores socialistas e impulsar la
revolución”. Desde que la oposición asumió el control del Parlamento en
enero de 2016, (aunque en estos momentos existe una Asamblea Constituyente
impuesta por el mandatario), Maduro se ha negado a cumplir con la obligación
constitucional de presentar ante la Cámara el Presupuesto de la Nación, por lo
que se dificulta la posibilidad del debate y la fiscalización de las cuentas
del país.
El
Ministerio de Comunicación e Información recibió en 2015 –año de elecciones
parlamentarias - una inyección de 380 millones de dólares, 118% más que lo
autorizado en 2014, al tiempo que la partida aprobada para gastos por servicios
de información, impresión, relaciones públicas, publicidad y propaganda
ascendió a 574 millones de dólares. En 2016 se dirigió a estos fines una suma
equivalente a 881 millones de dólares, de los cuales más de 43 millones se
dedicaron específicamente a publicidad y propaganda.
El
criterio para repartir la pauta publicitaria del Estado chavista fue fijado
claramente por el exministro de Comunicación, Andrés Izarra, hace ya una
década. “Durante mi gestión, y mientras el presidente de la República (Hugo
Chávez) delegue en mí la potestad de administrar los presupuestos del Estado,
los medios golpistas no contarán con un solo bolívar del pueblo de Venezuela
para publicitar la gestión gubernamental”, sentenció Izarra, precursor
de la política de “hegemonía comunicacional” desplegada por el gobierno contra
la prensa independiente.
TODO ROJO
IPYS
revisó el domingo 1 de febrero de 2015 la difusión de avisos del Estado en los
38 principales diarios nacionales y regionales de Venezuela, encontrando que al
menos 90% de la pauta se concentró “en dos medios oficiales y 11 con tendencia
pro oficialista”.
“En Venezuela la publicidad oficial es una suerte de laurel o
escarmiento. En este país, de manera cotidiana, las instituciones estatales
castigan a los diarios que dan cabida a las denuncias ciudadanas y a la crítica
contra el gobierno, mientras que sus páginas predilectas para pautar los anuncios
publicitarios y propagandísticos son las de la prensa estatal y los medios
privados que mantienen una línea complaciente”, concluyó esta ONG defensora de
la libertad de expresión.
Entre los
impresos privilegiados destacaron Últimas Noticias y El Universal, dos
periódicos de larga trayectoria que recientemente fueron comprados por
empresarios desconocidos que son afines al régimen chavista. En la edición
analizada, ambos rotativos de Caracas subrayaban en sus portadas declaraciones
del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Diosdado Cabello, y las versiones que minimizaban las protestas por la escasez
de alimentos y medicinas. “El mismo enfoque de los medios de propiedad
estatal”, observó IPYS.
“Nosotros siempre hemos tenido muy poca publicidad oficial, solo en una
ocasión el Instituto Nacional de Estadística por el censo nacional y el Consejo
Nacional Electoral por la campaña de 2012”, relata Xabier Coscojuela,
director del diario Tal Cual, férreo opositor de la revolución bolivariana. El
veterano periodista recuerda que llegaron a tener un anuncio de la Lotería del
estado Táchira, pero lo perdieron cuando esa gobernación volvió a caer en manos
del PSUV.
La
agresiva política de expropiaciones y nacionalizaciones emprendida por el
régimen chavista alteró la fuente de sustento de los medios. “Cuando
una compañía privada era tomada por el Estado, inmediatamente dejaba de ser
nuestra anunciante. Así pasó con la empresa de telecomunicaciones Cantv y el
Banco de Venezuela”, apunta Coscojuela.
MEJOR
CALLADOS
Cuatro de
cada diez periodistas venezolanos confiesan que “se han ejercido presiones
oficiales para modificar un producto informativo en el que ellos han estado
trabajando”, según la última encuesta realizada por IPYS sobre censura
y autocensura. De acuerdo con ese sondeo realizado a una muestra de 225
reporteros, 34% identifica al Poder Ejecutivo como el principal enemigo de las
libertades de expresión e información en el país.
Un tercio
de los periodistas entrevistados reconoció que “han existido órdenes de veto o
retiro de la publicidad oficial por parte de los organismos del Estado”,
mientras 36% dijo “tener conocimiento de exhortaciones desde el poder oficial para evitar
la publicación de determinada información”.
El uso
discrecional de la pauta publicitaria forma parte de lo que el comunicólogo
Oscar Lucién denomina el “cerco rojo” contra la libertad de expresión. “Todo
el dispositivo legal sobre esta materia tiene una racionalidad absolutamente
autoritaria, con un alto nivel represivo que busca la censura y autocensura”,
explica el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
El
crecimiento del “poder mediático” del gobierno, creando y comprando a través de
testaferros diarios, radios y televisoras. El control de cambio –vigente desde
2003- que garantiza al Ejecutivo el monopolio en la entrega de divisas para
importar papel periódico e insumos. El dominio de las concesiones del espectro
radioeléctrico. La persecución y encarcelamiento de reporteros y ciudadanos por
expresar sus opiniones en las redes sociales. Y el uso coercitivo de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la oficina tributaria. La
revolución chavista ha echado mano de todos esos elementos para asfixiar a los
medios independientes.
El
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) resaltó que “al
menos 49 medios de comunicación audiovisuales fueron cerrados”, y “unos 20
rotativos tuvieron que cerrar mientras que todos redujeron su paginación y
tiraje para garantizar la circulación”. El SNTP documentó este año “498
hechos que constituyeron violaciones a la libertad de expresión”, 26,5%
más que en 2016.
“Siempre ha habido en el mundo una contradicción entre los poderes
públicos y la prensa libre. Eso genera tensión y para eso existe un marco
regulatorio, códigos de ética y lineamientos de los propios medios, pero en
Venezuela eso se quebró por completo y la pauta publicitaria del Estado también
se utiliza para premiar o castigar”, advierte Lucién.
Sin
necesidad de gastar un dólar del presupuesto de publicidad y propaganda, el
Jefe de Estado puede copar los medios con sus extensos discursos. Las leyes
aprobadas por el chavismo obligan a radios y televisoras a difundir los
mensajes del gobierno de forma gratuita. Desde que en 2013 Maduro asumió la
Presidencia de la República, en promedio se registra una cadena oficial de 30
minutos por día, según el “Cadenómetro”, proyecto que desarrollan la ONG
Monitoreo Ciudadano y la Universidad Católica Andrés Bello.
El
“Cadenómetro” afirma que en estos cinco años Maduro suma 907 horas en cadena en
todos los medios y 1,541 solo en la estatal Venezolana de Televisión. “El
costo de las cadenas nacionales, de acuerdo con una estimación del valor
publicitario equivalente, sigue aumentando”, indican los autores del
estudio, que lo estiman en más de 52.000 millones de bolívares (unos 5 mil
millones de dólares calculados a la tasa oficial más baja).
No
obstante, el comunicólogo Marcelino Bisbal sostiene que “el impacto de las cadenas es
bajo, pues no llegan ni al 2% de audiencia”. “Aunque han realizado un gasto
millonario para imponer su ‘hegemonía comunicacional’, en realidad lo que ha
tenido mayor efectividad son los niveles de represión que han establecido en
estos años”, finaliza Bisbal.
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