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| Opositores se manifiestan a favor de la libertad de prensa en Caracas (Archivo) |
***Expertos
consideran que el instrumento aprobado por la ilegal Asamblea Constituyente es
una medida represiva contra todo individuo u organización que "elija
actuar con libertad, autonomía y pensamiento propio ante el horror"
Por Pedro Pablo Peñaloza
@pppenaloza
12 de
noviembre de 2017 - 14:11 -
CARACAS.- Al más puro estilo orwelliano, el
régimen chavista acaba de aprobar una “Ley Constitucional contra el Odio”
que en nombre de “la tolerancia y el respeto recíproco” atenta contra las
libertades de pensamiento y expresión, y aumenta la persecución que ya sufre la
disidencia en Venezuela.
Así como
existe un Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, “Justicia y
Paz” que se encarga de las operaciones represivas del régimen, ahora la
Asamblea Constituyente se inventó un texto de 25 artículos que dice
promover la “convivencia” mientras facilita la proscripción de los partidos
opositores, censura a los medios digitales y fija penas de hasta 20 años de
cárcel a todo aquel que “incite al odio”.
El mandatario
Nicolás Maduro ha dejado claro que este nuevo instrumento legal va dirigido
contra sus adversarios políticos, a quienes acusa de “pretender asaltar el
poder y someter a un pueblo a través de la violencia y el odio”. Además,
refuerza los controles sobre la prensa y las redes sociales, obligándoles a
difundir mensajes de “paz” y castigando con la revocatoria de concesiones y el
bloqueo de portales a los que publiquen contenidos supuestamente “a favor de la
guerra o apología del odio nacional”.
La Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), emitió un comunicado en el que manifiesta su “grave
preocupación” ante una ley que “establece
sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios
tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales
en materia de libertad de expresión”.
“En un
primer análisis tres aspectos resultan alarmantes: a) el uso de figuras vagas y
sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés
público; b) la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de
comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés
público; c) la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de
comunicación e imponer contenidos”, advierte la Relatoría, que solicita al
régimen chavista derogar esta norma.
A LA BRAVA
El profesor
de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Alfonso Herrera
Orellana, explica que “estamos ante un acto de fuerza, propio de una
tiranía, y no ante una ley democrática y legítima”. La observación parte
del hecho de que este texto no fue aprobado por el Poder Legislativo
venezolano, sino por la Asamblea Constituyente, foro integrado por 545
militantes del oficialismo que ha sido calificado como “fraudulento” por la
oposición y la comunidad internacional.
“En lugar de
dictar varios actos de fuerza contra cada sector, eligieron dictar uno solo
para con la excusa de lograr la paz y la convivencia –típico proceder del
comunismo totalitario de la Unión Soviética y la China maoísta- reprimir sin
garantías judiciales ni escrúpulo alguno a toda persona natural o jurídica que
no se someta a la voluntad de poder ilimitada de Maduro y sus aliados”, expone
Herrera Orellana.
El experto
de la UCV sostiene que tratando de implantar su “neolengua” e “interpretación hegemónica de la realidad
nacional”, el chavismo utiliza la llamada “Ley Constitucional contra el Odio”
como “una medida represiva contra todo individuo u organización que en
Venezuela elija actuar con libertad, autonomía y pensamiento propio ante el
horror”.
PURA MORDAZA
El Foro por
la Vida, que reúne a decenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) de
Venezuela, resaltó que el instrumento legal está viciado desde su origen.
“Resulta inaceptable que la actual Constituyente, convocada y constituida al
margen de la Constitución Nacional, pretenda adjudicarse competencias propias del
Poder Legislativo”, denuncian en un comunicado.
“La pretendida legislación descansa
en la teoría del ‘expansionismo penal’, según la cual la cárcel es la solución
de los conflictos. El objetivo de la ley es ‘erradicar el odio’, lo que se traduce en criminalizar
las expresiones de odio, pero no define qué entiende por ‘odio’, por lo tanto
la imprecisión deja la puerta abierta a la penalización de cualquier expresión
sin utilizar un criterio riguroso, apegada a la normativa internacional y
nacional”, alertan las
agrupaciones de la sociedad civil.
Las ONG
recuerdan que en 2014 unas 14 personas fueron detenidas por opinar en las redes
sociales, y señalan que el gobierno simplemente busca “darle apariencia legal a
la represión de la crítica” ahora que los venezolanos padecen “una situación de
creciente escasez de alimentos y medicinas, una inflación en aumento y el
recrudecimiento de la crisis política ante la ausencia de garantías
institucionales para la participación política”.
“La crudeza de la crisis se corresponde
con la necesidad, desde el poder, de silenciar la denuncia y la crítica, bajo
la amenaza de aplicar las sanciones más graves en una lógica institucional ya
existente de condenar la opinión. Ningún gobierno en el mundo ha logrado aprobar
legislaciones que regulen el discurso en las redes sociales, precisamente por
las amplias restricciones que implica para la libre expresión y ante la
contradicción que representa en un espacio realmente democrático”, concluye el Foro por la Vida.
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