Caso IUPMA
¿Cuándo el clero delinque la autoridad calla?
José Camejo Suárez
Es de suprema preocupación destacar las actuaciones eclesiales de algunas personas que se abrigan con la sotana clerical para, de manera irresponsable, atropellar la ley en perjuicio de otros que sólo se limitan a cumplir fielmente con sus deberes profesionales, a cultivar la fe, sembrar esperanzas y bregar, sin ambages, durante toda la vida para servir a los demás.
Es el caso que reiterativamente hemos venido denunciando ante los organismos competentes: Ministerio de Educación Superior, Fiscalía General de la República, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo… y pareciera ser que no conseguimos la respuesta idónea, el interlocutor válido que enderece el rumbo mediante el uso del marco legal en el Instituto Universitario pedagógico “Monseñor Rafael Arias Blanco” IUPMA, que después de haber sido creado por la asociación civil sin fines de lucro que se identifica con su mismo nombre, ha sido, salvo mejor criterio, usurpada y despojada de sus bienes patrimoniales por la Fundación Universitaria “Monseñor Rafael Arias Blanco” creada por el Arzobispado de Caracas, en su oportunidad por el Cardenal Velazco y que por consecuencia el delito se ha venido redoblando bajo el imperio del Cardenal Urosa Savino. Personajes de alta jerarquía eclesial que pudieran asustar al más guapo de los ministros del gobierno o al más gallo de los fiscales del Ministerio Público…
Según nuestro parecer la violación de la ley en este Instituto tiende a hacerse rutinaria, cotidianidad perniciosa que trastoca el entorno académico de la formación docente en el IUPMA, hecho que presume la generación de ansiedad y malestar imponderable en los estudiantes, impone antivalores sustantivos que podrían ser efectos multiplicadores muy negativos en estos futuros docentes y al mismo tiempo se atisba que el Estado venezolano, a través del Ministerio de Educación Superior órgano responsable de la Educación Superior, ampara, tolera, admite y permite tales dislates. A la vez que el Ministerio Público mantiene una actitud silenciosa que incrementa el nivel de angustia e impotencia entre los miembros de la Asociación.
De lo antes expuesto se desprende la triste deducción que la ley es aplicable sólo cuando el presunto delincuente no tiene fuero alguno que lo proteja y cuando se trata de instituciones tan poderosas como el clero venezolano, entonces, pareciera ser, que no existe poder constituido alguno que la aplique sin diferencias de roles, sin diferencias de posiciones, sin diferencias de clases. Si ante la ley y ante Dios todos somos iguales, entonces ¿Por qué tanta indiferencia discriminatoria en este caso?
Vale destacar que por esta infeliz actuación; en el IUPMA transformaron su carácter popular en una máquina para abrumar estudiantes cuando tienen que pagar la costosa matrícula y otros aranceles, el régimen académico ha variado sustancialmente al suprimir la estructura administrativa, la representación estudiantil ante los Consejos: Directivo y Académico, la reducción del lapso de clases de 16 a 12 semanas… Todo esto contraviene la letra, el espíritu, propósito y razón del Reglamento de Institutos y Colegios Universitarios.
Una vez más sólo pedimos a las autoridades competentes que restablezcan el Estado de Derecho en el IUPMA. De esta forma podríamos recuperar su carácter popular, su calidad académica en la educación técnica; fines originarios que jamás deben ser desviados por mentes aviesas y retorcidas carentes de tradición en la educación técnica venezolana, insensibles al carácter popular de la educación e indiferentes a la calidad del docente imbuido en un delicado proceso de formación.
En este caso el disonante mutismo de las autoridades solamente sirve para alimentar el poder del clero que así podría mantener una sociedad arrodillada, pidiendo perdón sin haber pecado, completamente sometida al yugo colonial materializado en el ingenuo proceder del ser humano que añora vivir en libertad amparado en la ley y en su fe que abraza como norte el brillo del ámbito celestial.
¿Cuándo el clero delinque la autoridad calla?
José Camejo Suárez
Es de suprema preocupación destacar las actuaciones eclesiales de algunas personas que se abrigan con la sotana clerical para, de manera irresponsable, atropellar la ley en perjuicio de otros que sólo se limitan a cumplir fielmente con sus deberes profesionales, a cultivar la fe, sembrar esperanzas y bregar, sin ambages, durante toda la vida para servir a los demás.
Es el caso que reiterativamente hemos venido denunciando ante los organismos competentes: Ministerio de Educación Superior, Fiscalía General de la República, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo… y pareciera ser que no conseguimos la respuesta idónea, el interlocutor válido que enderece el rumbo mediante el uso del marco legal en el Instituto Universitario pedagógico “Monseñor Rafael Arias Blanco” IUPMA, que después de haber sido creado por la asociación civil sin fines de lucro que se identifica con su mismo nombre, ha sido, salvo mejor criterio, usurpada y despojada de sus bienes patrimoniales por la Fundación Universitaria “Monseñor Rafael Arias Blanco” creada por el Arzobispado de Caracas, en su oportunidad por el Cardenal Velazco y que por consecuencia el delito se ha venido redoblando bajo el imperio del Cardenal Urosa Savino. Personajes de alta jerarquía eclesial que pudieran asustar al más guapo de los ministros del gobierno o al más gallo de los fiscales del Ministerio Público…
Según nuestro parecer la violación de la ley en este Instituto tiende a hacerse rutinaria, cotidianidad perniciosa que trastoca el entorno académico de la formación docente en el IUPMA, hecho que presume la generación de ansiedad y malestar imponderable en los estudiantes, impone antivalores sustantivos que podrían ser efectos multiplicadores muy negativos en estos futuros docentes y al mismo tiempo se atisba que el Estado venezolano, a través del Ministerio de Educación Superior órgano responsable de la Educación Superior, ampara, tolera, admite y permite tales dislates. A la vez que el Ministerio Público mantiene una actitud silenciosa que incrementa el nivel de angustia e impotencia entre los miembros de la Asociación.
De lo antes expuesto se desprende la triste deducción que la ley es aplicable sólo cuando el presunto delincuente no tiene fuero alguno que lo proteja y cuando se trata de instituciones tan poderosas como el clero venezolano, entonces, pareciera ser, que no existe poder constituido alguno que la aplique sin diferencias de roles, sin diferencias de posiciones, sin diferencias de clases. Si ante la ley y ante Dios todos somos iguales, entonces ¿Por qué tanta indiferencia discriminatoria en este caso?
Vale destacar que por esta infeliz actuación; en el IUPMA transformaron su carácter popular en una máquina para abrumar estudiantes cuando tienen que pagar la costosa matrícula y otros aranceles, el régimen académico ha variado sustancialmente al suprimir la estructura administrativa, la representación estudiantil ante los Consejos: Directivo y Académico, la reducción del lapso de clases de 16 a 12 semanas… Todo esto contraviene la letra, el espíritu, propósito y razón del Reglamento de Institutos y Colegios Universitarios.
Una vez más sólo pedimos a las autoridades competentes que restablezcan el Estado de Derecho en el IUPMA. De esta forma podríamos recuperar su carácter popular, su calidad académica en la educación técnica; fines originarios que jamás deben ser desviados por mentes aviesas y retorcidas carentes de tradición en la educación técnica venezolana, insensibles al carácter popular de la educación e indiferentes a la calidad del docente imbuido en un delicado proceso de formación.
En este caso el disonante mutismo de las autoridades solamente sirve para alimentar el poder del clero que así podría mantener una sociedad arrodillada, pidiendo perdón sin haber pecado, completamente sometida al yugo colonial materializado en el ingenuo proceder del ser humano que añora vivir en libertad amparado en la ley y en su fe que abraza como norte el brillo del ámbito celestial.
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